El pasado miércoles, 4 de febrero de 2015 tuvo lugar en Madrid una reunión de organizaciones sociales y sindicales que vienen propiciando, desde hace casi dos décadas, la Campaña: “Por una Escuela Pública y Laica. Religión fuera de la Escuela”después de haber propiciado hasta ocho Declaraciones en diferentes épocas y con diferentes mayorías parlamentarias. La última se produjo en mayo de 2014, como consecuencia de la aprobación e inicio de la aplicación de la LOMCE.
Las organizaciones asistentes aprobaron definitivamente el CONTRATO ELECTORAL 2015 (Por una Escuela Pública y Laica. Religión fuera de la Escuela), y se marcaron una serie de acciones a lo largo de todo el año, con la finalidad de, que en este nuevo período electoral, se produzca un renovado proceso de apoyo por parte de entidades sociales y sindicales por un lado y por otro de organizaciones políticas que concurran a los diferentes comicios, locales, autonómicos y generales que se van a producir a lo largo de 2015.
Se adjunta el texto del Contrato electoral y hasta el 15 de abril se solicitarán adhesiones sociales, sindicales y políticas.
El día 15 de abril, en un acto abierto a celebrar en Madrid, se presentará públicamente el Contrato, por parte de las plataformas y organizaciones sociales, sindicales y políticas que se hayan adherido hasta ese día.
Texto del Contrato en el archivo:
CONTRATO ELECTORAL: POR LA LAICIDAD DE
LA ESCUELA
La Campaña “Por una Escuela Pública y Laica: Religión fuera de la Escuela”, que surgió hace casi dos décadas, como una iniciativa y un compromiso activo en torno al objetivo democrático de lograr la plena laicidad del sistema educativo, ha tenido diversas fases, sin muchos resultados positivos hasta la fecha, pese al creciente respaldo social que, sin embargo, se enfrenta a las obstinadas posiciones confesionales de las Administraciones Públicas y de las principales formaciones políticas. En esta última fase (2012-14) ha sido suscrita por decenas de colectivos y organizaciones, manteniendo plena vigencia, toda vez que la LOMCE y las medidas adoptadas en su aplicación suponen un mayor retroceso, en relación a una aspiración democrática, nunca resuelta de forma positiva y consecuente:
El imprescindible carácter laico del Sistema Educativo
En la reunión del pasado 4 de noviembre de 2014, se planteó una nueva etapa, de cara al periodo electoral de 2015, buscando el diálogo y el compromiso con las distintas formaciones políticas y candidaturas que se vayan a presentar en las elecciones municipales, autonómicas y generales y que deseen promover y preservar la laicidad en el marco escolar.
En este sentido, la Campaña se propone comprometer (con su firma explícita y apoyo) a las candidaturas, que se configuren en los diferentes ámbitos electorales, a recoger tales exigencias en sus programas electorales y a implicarse en su desarrollo y aplicación una vez sean elegidos.
Hacemos, en consecuencia, un llamamiento a todas las organizaciones y colectivos defensores de una Escuela Pública y Laica a renovar su apoyo explícito y hacer suya esta Campaña, firmando un CONTRATO de COMPROMISO ELECTORAL.
CONTRATO ELECTORAL: POR LA LAICIDAD DE LA ESCUELA
La actual política educativa, más allá del marco diseñado en la LOMCE y los plazos de implantación, está acelerando, con los hechos, sus consecuencias más nefastas:
- De una parte, con el desarrollo de diferentes procesos de privatización: tanto por vía de precarizar y encarecer la enseñanza pública, como a través de medidas de apoyo descarado al sector privado (En su mayoría bajo control ideológico de la Iglesia).
- De otra, con una ofensiva ideológica en los desarrollos curriculares y peso lectivo de las diversas materias.
Junto a la promoción de las concepciones neoliberales de la economía y de la sociedad, se retoman los elementos nunca abandonados del nacional-catolicismo, haciéndose eco de las presiones de la Conferencia Episcopal, que no parece dispuesta a renunciar a sus privilegios antidemocráticos, amparándose en el Concordato franquista de 1953 y los Acuerdos del Estado español con la Santa Sede de 1979. Esa presión se traduce en:
- a) Otorgar mayor peso y reconocimiento curricular a la Religión, como asignatura confesional, en todos los niveles de la enseñanza y en detrimento de materias formativas de carácter racional y universal (filosofía, ciencias, valores cívicos comunes,…)
- b) Avanzar en la presencia obligada de la Religión en Escuelas y Facultades de las universidades públicas, utilizando medidas coactivas y confiriendo rango universitario a los “créditos” de formación religiosa confesional.
El deterioro de la Escuela Pública, la privatización progresiva del sistema educativo y la continuidad del control ideológico desde intereses particulares van de la mano. Las más elementales exigencias democráticas plantean acabar con una larga trayectoria que pone en cuestión el derecho universal a la Educación, la existencia misma de su instrumento que es la Escuela Pública, así como el conjunto de los rasgos que la definen, entre ellos el de la laicidad.
Ante el periodo electoral que se abre en los próximos meses, hacemos llegar a todas las formaciones políticas y candidaturas, la discusión y compromiso explícito en torno a la laicidad que debe presidir el marco escolar, para el desarrollo de la libertad de conciencia que, de forma más escrupulosa si cabe, debe respetarse a niños y jóvenes en formación.
Muy en particular, aquí y ahora, además del propósito generalmente expresado de abogar por la derogación de la LOMCE (y parte de la LOE), queremos centrar la discusión sobre dos ejes que, por su importancia decisiva y su remisión a simples principios democráticos, deberían figurar en sus programas, con el serio compromiso de proceder a su defensa desde el ámbito propio:
A- La no financiación con dinero público del adoctrinamiento religioso en ningún centro escolar que, en consecuencia, supone:
1-Sacar la religión confesional de la Enseñanza, de forma inmediata.
2-La desaparición gradual de los conciertos con los centros privados, en su mayoría de carácter confesional, ya que supone una grave desviación de los presupuestos públicos a favor de intereses privados.
B- La derogación de los Acuerdos con el Vaticano, en tanto, de una parte, constituyen la base “legal” de los privilegios que sigue reclamando la Iglesia, especialmente dentro del sistema educativo; y, de otra, se ha producido un progresivo rechazo social y político a sus contenidos antidemocráticos.
