1. Piden una modificación del Código Penal. Revisión de los delitos de Prevaricación, Cohecho, Tráfico de influencias, Fraudes y exacciones ilegales para mejorar la tipificación de las conductas punibles y/o incrementar las penas.
2. Incorporación de una cláusula genérica de agravamiento para otros delitos (apropiación indebida, receptación y blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, 320, 322 y 329…) cuando sean cometidos por autoridad o cargo público.
3. Incremento de la duración de las penas (principales o accesorias) de inhabilitación.
4. Revisión de las normas reguladoras de la responsabilidad civil derivada de delitos para asegurar que, en los supuestos de corrupción, las consecuencias del delito se satisfacen con todos los bienes y derechos del condenado y, con las garantías debidas, los que pudiesen figurar a nombre de sus allegados o testaferros.
5. Atribución a la Audiencia Nacional de la instrucción y el enjuiciamiento de los delitos de corrupción política.
6. Revisión del proceso penal para establecer un procedimiento preferente y sumario, en el caso de estos delitos, de forma que puedan enjuiciarse y castigar a los responsables de forma rápida.
También han solicitado una revisión y reforma de la Ley Tributaria:
7. Modificación de los artículos 95 y concordantes de la Ley General Tributaria para revisar la regulación del secreto fiscal a fin de posibilitar la publicidad de las infracciones tributarias de cuantía superior a 30.000 € y la identidad de sus autores.
8. Inclusión de nuevas conductas delictivas entre las ya previstas en la Ley como causantes de prohibición de contratar con las Administraciones Públicas.
9. Fortalecimiento de la prohibición del fraccionamiento artificial de los contratos.
10. Reducción de los supuestos de admisión de contratos del sector público adjudicados mediante procedimiento negociado sin publicidad.
11. Prohibición de obtener subvenciones, bonificaciones y ayudas de las administraciones públicas para los condenados por delitos de corrupción política.
12. Prohibición de indultos en el caso de delitos cometidos por una autoridad en el ejercicio de su función o cargo público, o prevaliéndose del mismo, con la finalidad de obtener un beneficio económico para sí o para un tercero.
13. Creación de una Oficina Anticorrupción con competencias estatales y locales.
14. El grupo socialista también pidió que se produzca el cese de los altos cargos que sean llamados a declarar en un juicio oral en calidad de imputados y procesados,
15. Establecimiento de un sistema de participación de, al menos, los afiliados en la elección de los responsables máximos del partido mediante sufragio activo libre, directo y secreto.
16. Establecimiento de un período máximo de cuatro años para la reunión del máximo órgano del partido.
17. Establecimiento de un sistema formal de reclamaciones y recursos dotado de garantías frente a acuerdos y/o decisiones de los órganos de dirección de los partidos.
18. Previsión específica en los Estatutos de los partidos políticos de suspensión o anulación de afiliación y militancia en los supuestos de corrupción.
19. Creación de la figura del defensor del militante.
20. En cuanto a las obligaciones relacionadas con la Ley de Transparencia destacan tres cuestiones: publicidad activa específica de los procesos de adjudicación de campañas de publicidad institucional.
21. Publicidad activa específica de los acuerdos sobre suelo y ordenación urbana.
22. El
Partido Socialista ha planteado la necesidad de limitar a
dos mandatos consecutivos el poder ejercer la presidencia de la Moncloa
24. También pretende la supresión de la facultad de los parlamentarios y otros cargos públicos de declarar por escrito cuando sean llamados como testigos.
25. Reducción de aforamientos.
En materia del estatuto de los Diputados plantean tres cuestiones:
26. dedicación exclusiva de los diputados.
27. Exigencia de obtener y presentar, al inicio y al final de su mandato, certificaciones de la correspondiente Administración Tributaria.
28. Establecimiento del modelo único de declaración de bienes.
29. También propone aumentar de dos a cinco años el periodo de incompatibilidad para altos cargos que quieran incorporarse a empresas del sector sobre el que hayan tenido responsabilidades de regulación o gestión.
30.Y defiende que el ministro de Hacienda y las Administraciones públicas presenten anualmente ante el Congreso un informe detallado por Ministerios de los gastos de representación de todos los altos cargos.
31-32: En materia de financiación de partidos, además del nuevo delito de financiación ilegal, propone que se reduzca de manera "significativa"la cuantía máxima permitida de donaciones dinerarias provenientes de las personas físicas.
33. Regulación de los lobbies.
El Consejo de Ministros de hoy ha puesto en marcha del plan PIVE6 para la adquisición de vehículos Pima Aire4, en el cual se introducen dentro de las subvenciones habituales para vehículos a gas, una línea de subvención de 200 euros para la adquisición de bicicletas eléctricas. El total de la línea para vehículos es de 9 millones de euros, sin determinar cuántos van a bicicletas.
